Los conflictos sociales en zonas mineras (Antecedentes II)

Así como somos un país minero también, podría decirse, somos un país de conflictos sociales, sobre todo en los relacionados a la minería y el medio ambiente[1]. Ya la Defensoría del Pueblo, institución del Estado que ve diversos temas, ha confirmado que de todos los conflictos sociales que existen, los denominados “socioambientales” son los más importantes y constantes.

Para mencionar algunas cifras, en abril de este año de los 53 conflictos sociales activos, 27 tienen carácter socioambiental, es decir más del 50% de los casos. A estos se suman otros 24 conflictos socioambientales que se mantienen latentes. En total 51 casos. De esta cifra (activos más latentes) 45 están relacionados a la minería, en otras palabras, el 88% de los conflictos socioambientales.

Hace un año -abril del 2007- el Congreso de la República encargó a la Defensoría del Pueblo un informe oficial sobre el tema. El documento empieza afirmando que “en los últimos años, se ha incrementado la intensidad de los conflictos socioambientales entre las comunidades vecinas, las empresas extractivas y el Estado, lo que se ha puesto en evidencia en el uso de mecanismos violentos por parte de los actores implicados, mayor organización y movilización social, planteamiento de posiciones radicales y polarización. Todo esto ha provocado enfrentamientos con pérdidas de vidas, lesiones graves a la integridad física, destrucción de la propiedad pública y privada, y paralización de proyectos de inversión”[2].

Para algunos, este aumento de conflictos se inicia desde que el Estado Peruano adopta el libre mercado como doctrina económica a seguir. De esta manera, es en la década del gobierno de Alberto Fujimori (1990 – 2000) que se dan diversas concesiones así como licencias para explotación y exploración en minería e hidrocarburos y con ello la situación conflictiva.

Por esta razón, organizaciones internacionales como Fraser 21, que todos los años presentan investigaciones basadas en encuestas, muestran un panorama cada vez menos alentador para las inversiones mineras en el país[3].

A decir de esta institución, si bien el país muestra un potencial minero importante (en cuanto a recursos, minerales) existe un “potencial político” cada vez más desfavorable. Este índice político se relaciona a parámetros como administración, interpretación y fiscalización de las normas, regulación ambiental, consistencia de las normas, impuestos, seguridad jurídica, conflictos sociales, estabilidad política, entre otras cosas.

En ese sentido, dice la Defensoría: “Desde 1997, el Instituto Fraser21 presenta los resultados de sus encuestas anuales sobre las condiciones para desarrollar actividad minera en 65 jurisdicciones del mundo. Estas encuestas reflejan las opiniones y percepciones de las empresas extractivas y de las consultoras mineras respecto de las condiciones para el desarrollo de sus proyectos mineros en los países productores (…) Para el año 2005/2006, en el índice sobre “Potencial Minero”, el Perú se ubicaba en el primer puesto (entre 64). Sin embargo, cuando se observa el índice sobre el “Potencial Político”, el Perú se encuentra relegado al puesto 44. Para el 2007, en el índice sobre “Potencial Minero” se ubica en el puesto 22 entre 65 jurisdicciones, mientras que el “Potencial Político” ha retrocedido al puesto 52”[4].
[1] Conversando con XXXX me sugiere que estos tipos de conflictos siempre han existido. Sin embargo, ahora son más evidentes aunque también más numerosos.
[2] Informe …pp 04.
[3] Ejemplo citado en Informe de la Defensoría del Pueblo del 2007. p. 38
[4] Ibid.